Alejandro Alcalde no pagó por su hija. Según este padre adoptivo, sor María Gómez le explicó que la madre biológica “había decidido darla en adopción porque era joven, no tenía medios y no podía atender a su hija“.
Así se lo ha confesado al juez Adolfo Carretero, que investiga la supuesta sustracción del bebé que adoptó en 1982. En la causa figura imputada la monja por un delito de detención ilegal y falsedad en documento público. Es la primera acusada en la conocida trama de los bebés robados. Sin embargo, sor María se negó a hablar ante el juez , pero no ante la opinión pública. Lo hizo horas después de pasar por el juzgado a través de una carta y para defender su inocencia.
“Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas. He dedicado toda mi ya larga vida, pues acabo de cumplir hace dos días 87 años, a ayudar a los más necesitados de manera desinteresada, como forma de hacer realidad mis profundas convicciones religiosas”, se leía entre excusas ante los medios de comunicación y agradecimientos.
La monja es la primera acusada tras 1.500 denuncias interpuestas en fiscalías de toda España por madres que creen que les robaron a sus hijos tras el parto. Para ellas es más que un caso; es una forma de decirles que puede haber Justicia tras el archivo de sus causas. Pase lo que pase, este procedimiento se tomará como un precedente y como una esperanza o como un carpetazo a este drama.
Alejandro y su mujer querían adoptar e iniciaron el largo camino de la adopción. Buscaron. Llamaron a innumerables puertas y la encontraron a ella. No fue fácil. Les pidió datos. Les hizo preguntas; su religión, su situación económica, laboral… y pidió que probaran cada uno de aquellos datos. El testigo describe a su interlocutora como una mujer de férrea voluntad y seguridad. “Era una mujer de una terrible frialdad, pero yo le estaba inmensamente agradecido porque me había dado una hija“, explica. “Estaba convencido de que todo era mentira. Ahora no sé qué pensar“. Ella puso en sus brazos a una niña a la que llamaron Pilar. Nació enferma y les ofreció esperar otro bebé. No quisieron.
En el otro lado estaba la madre, María Luisa Torres, que había dado a luz el 31 de marzo en la clínica de Santa Cristina de Madrid a una niña a la que, según asegura en la denuncia, le arrebató sor María bajo la amenaza de quitarle también a su otra hija “por adúltera”. María Luisa confió en su palabra. Creía que le iba ayudar acogiendo a su hija en una guardería donde podría visitarla hasta que pudiera hacerse cargo de ella. “Cuando despertó, ya no estaba. Primero le dijeron que estaba muerto. Después que la iban a dar en adopción. No pude hacer nada. Ya había firmado un papel renunciando a mi hija. Lo único que recuerda es haber firmado un documento para no tener que pagar los gastos de hospitalización“. 29 años después de aquel parto, madre e hija se han reencontrado. “Si no lo paga aquí, lo pagará arriba”, dijo Pilar en el juzgado.
Alejandro abonó en total unas 100.000 pesetas, aunque lo hizo por la estancia en el hospital, el quirófano, el papeleo… y, a pesar del tiempo transcurrido, asegura que tiene factura de todo aquello. Para Alejandro, todo parecía lógico. Una madre sin recursos, una pareja ansiosa por tener un hijo. Nada era ilegal. Y aquella monja les había ayudado. Incluso llevó a Pilar a visitar a su bienhechora cada año. Del supuesto robo asegura que no puede decir nada. Sí tiene claro que “los padres adoptivos deberían ayudar a buscar a sus hijos a sus padres biológicos”. Tienen derecho a saber quiénes son. Él lo hizo cuando su hija cumplió quince años y empezó a preguntar. Alejandro la acompañó a ver a la monja para que les ayudara. “¿Por qué la buscas?”, fue su reacción. “Podría estar metida en drogas, o ser prostituta, probablemente no quiera saber nada de ti”, añadió. Alejandro contrató a un detective y a una abogada. No logró ni una pista. Creyó que la monja les ayudaría, pero no obtuvo ni un dato con el que empezar. También le pidió a otra monja que hablara con ella e intercediera. “¡Es muy dura! Me ha dicho que no y que no!”, me dijo. La última vez que vi a sor María fue hace tres años. Me acababan de diagnosticar una enfermedad y fuí a verla desesperado. Le mintió y le dio una pista falsa para ahuyentarle y despistarle. Ya no le recibió más. Diez años, persistencia y mucho dinero permitieron que madre e hija se reencontraran. El juzgado determinará si su dureza encubría un rapto o no.
La batalla judicial no es la única. El Gobierno anunció la semana pasada, mientras la religiosa imputada se negaba a declarar, la creación de un grupo de trabajo, que coordinará el Ministerio de Justicia, y en el que intervendrá también Interior y Sanidad para, entre otras medidas, acometer la realización de un censo completo de afectados que permitan cruzar los datos de historias clínicas u otros documentos en poder de los centros sanitarios. También se facilitará la obtención de determinados datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos anotados en los últimos 50 años además de poner a disposición de los afectados el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
