El Ministerio de Defensa no sólo mantiene diversos proyectos de inversión militar sino que además implementa nuevos proyectos de costes millonarios, , generando una importante deuda pública por la contratación de programas militares...
Mientras el Gobierno aprueba la reforma laboral y recorta diversas partidas del gasto social, mantiene la inmunidad del grueso del gasto militar, generando una importante deuda pública por la contratación de programas militares (fragatas F-100, avión de combate EF- 2000..) y el despliegue del escudo antimisiles en la base militar de Rota (Cádiz). Para 2011, frente a las reducciones presupuestarias en educación (8,1 %), servicios sociales (8,1 %), sanidad (8,2%).... el gasto militar soportó una disminución del 5,19%.
El Ministerio de Defensa no sólo mantiene diversos proyectos de inversión militar sino que además implementa nuevos proyectos como la quinta fragata F-100, con un importe aproximado de 4.100 millones de euros. El conjunto de la inversión militar para 2011, que incluyó proyectos de armamento en curso, I+D de estos proyectos, compra de nuevas armas, realización de infraestructuras e instalaciones, representa un importe total de 2.006,52 millones de euros. Para 2012, este ministerio verá reducido su presupuesto un 8,8%, frente a otros como Educación, que tendrán un 21% de recorte.
En tiempo de crisis, se ha optado por dotar de menor asignación y aplazar en el tiempo los programas contratados por Defensa, con lo que se refinancian los proyectos y se pagan más intereses. Esto conlleva incrementar la deuda y el encarecimiento de los proyectos militares.
La industria militar se benefició de créditos encubiertos de los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Industria a interés cero, para desarrollar armamento que ni siquiera se ajustará a las demandas de defensa. La banca se ha articulado con el complejo militar industrial y altos cargos de defensa.
Así, el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, es uno de los ejemplos de puertas giratorias en el sector armamentístico y fue el gestor de esta ingeniería financiera para poder externalizar la burbuja financiera militar. Para el movimiento antimilitarista, hablar de gasto militar es también incluir las partidas consignadas a las políticas del control social (gasto policial, carcelario...).
Todo este conjunto configura una estructura represiva que tiene elobjetivo de controlar los sectores sociales a los que el sistema capitalista excluye sistemáticamente, agravando la situación de empobrecimiento, de violencia estructural, y poniendo en evidencia que todos los derechos están en crisis, gracias a que la democracia se supedita a los intereses militares y a sus mecanismos de dominación.