El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, contradice al ministro de Interior, y descartó ayer que la resistencia pasiva como método de protesta vaya a ser elevado a un delito de atentado contra la autoridad, como propuso su compañero en un Consejo de Ministros.
Gallardón se alineó no obstante con su colega al asegurar que la reforma no afectará al derecho a la manifestación. "Quien más ataca este derecho son aquellos que infiltrándose en manifestaciones y desde una estructura organizada que la policía tiene perfectamente identificada realizan agresiones (...). Contra ellos se dirigirán las medidas de endurecimiento del código", aseguró.
Dicha legislación ya prevé penas de seis meses a tres años de prisión para quienes ñobstaculicenO las vías públicas de manera peligrosa, pero de ahí a penalizar cualquier tipo de resistencia pasiva, como una sentada pacífica, es un paso de gigante que muchos juristas no apoyan.No es la primera vez que trascienden diferencias entre Gallardón y Fernández Díaz, pese a que ambos deben tejer conjuntamente varias de las reformas. El ministro catalán, por ejemplo, pretende que las víctimas del terrorismo tengan capacidad para recurrir los beneficios penitenciarios de los etarras, mientras que Gallardón no ve tan claro que puedan tener un papel activo frente a posibles excarcelamientos. El portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, criticó ayer la ñdescoordinación entre ambos ministerios porque ñgenera incertidumbre a los juristas dado que desconocen quién de los dos tendrá más peso a la hora de legislar.
El titular de Justicia se reunió ayer además con el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, con quien se comprometió a tener una relación más estrecha para frenar la violencia callejera que afecta a la ciudad.
